DS(C) nº 220/5 del 8/5/2001

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR RODRÍGUEZ DE LA FUENTE):

Buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la Comisión de Gobierno Interior y Administración Territorial.

Señorías, antes de dar comienzo a la sesión, vamos a guardar un minuto de silencio por el vil asesinato de don Manuel Jiménez Abad.

(Se guarda un minuto de silencio.)

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR RODRÍGUEZ DE LA FUENTE):

Se abre la sesión. Por los Grupos Parlamentarios comuniquen a esta Presidencia las sustituciones. Por el Grupo Socialista no hay sustituciones. Por el Grupo del Partido Popular no hay sustituciones.

Punto primero del Orden del Día. Por el señor Secretario se dará lectura... perdón. Por el señor Secretario se dará lectura al primer punto del Orden del Día.

EL SEÑOR SECRETARIO (SEÑOR YÁÑEZ RODRÍGUEZ):

"Proposición No de Ley 445, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a negociación con los Ayuntamientos sobre proyectos presentados al amparo de la iniciativa comunitaria URBAN II, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, ciento catorce, de treinta de enero del dos mil uno".

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR RODRÍGUEZ DE LA FUENTE):

Gracias. Para la presentación de la Proposición No de Ley, tiene la palabra, por el Grupo Socialista, don José María Crespo.

EL SEÑOR CRESPO LORENZO:

Gracias, señor Presidente. Buenas tardes. La iniciativa que voy a defender en nombre del Grupo Parlamentario Socialista está directamente relacionada con una gran frustración que han vivido una serie de Ayuntamientos importantes de nuestra Comunidad Autónoma, que habían puesto sus esperanzas en conseguir financiación de la Unión Europea con cargo a la iniciativa comunitaria URBAN II, en lo que se refiere a la regeneración económica y social de las ciudades y de los barrios en crisis, con el fin de fomentar un desarrollo urbano sostenible.

Y digo que guarda, en relación con una enorme frustración como consecuencia de que todos hemos de lamentar que en la propuesta aprobada por la Unión Europea con cargo a este programa ni uno sólo de los municipios de Castilla y León que habían concurrido a esta iniciativa ha sido contemplada en el marco de ayudas a que se refiere esta iniciativa.

Hay que dejar constancia, de entrada, de que estas iniciativas, estas peticiones de ayuda se canalizan a través del Gobierno Regional, son conocidas con carácter previo por parte del Gobierno Regional. Y nosotros pensamos que la tarea que corresponde a nuestro Gobierno, cuando se trata de tramitar iniciativas de estas características, lejos de contribuir a la frustración final que se genera cuando no aparecen contemplados ni uno sólo de los peticionarios, lejos de alimentar esas expectativas, el Gobierno Regional debiera haber contribuido, en su caso, ejerciendo su responsabilidad, a poner en claro y a advertir a los Ayuntamientos peticionarios que, probablemente, por distintas razones, por otro orden de prioridades, o por cualquier circunstancia, esas iniciativas no iban a ser contempladas y, por lo tanto, estos Ayuntamientos que concurrían a las mismas no habrían puesto sus esperanzas para su regeneración económica y social y de sus barrios, con cargo a estas consignaciones presupuestarias.

Lejos de ello, hasta donde sabemos, por parte de la Junta de Castilla y León se tramitaron y se impulsaron todas y cada una de las iniciativas, incluso en el momento en el que se recibió la pésima noticia de que ni uno sólo de los Ayuntamientos de Castilla y León había sido contemplado en el marco de esta iniciativa comunitaria.

El anterior Presidente de la Junta, pues, trasladó a la opinión pública su compromiso y su disponibilidad, y casi sus garantías, en que alguna negociación posterior permitiría corregir la situación planteada y que, por lo tanto, alguno de los Ayuntamientos que no habían sido incluidos podría, en una especie de repesca, aparecer como beneficiario de estas ayudas.

Lo cierto es que asistimos con estupor a la falta de capacidad política de la Administración Regional y del Partido que la sustenta para conseguir beneficios económicos provenientes de la Unión Europea, de los que tan necesitados andan nuestros Ayuntamientos.

Pero siendo ésa la triste realidad, nos parece que el Gobierno Regional podía haber hecho algo más. Fracasadas las negociaciones, evidenciada la falta de peso político y la falta de influencia ante la Unión Europea, a pesar de los alardes a los que nos tenía acostumbrados el anterior Presidente del Gobierno Regional, pues la Junta de Castilla y León podría haber suplido o tratado de suplir con sus propios medios las dificultades que, como consecuencia de esa no inclusión, se iban a generar en los Ayuntamientos que habían concurrido a las mismas.

Si con cargo al Programa URBAN las aportaciones de la Unión Europea para la financiación de estos proyectos, con el límite del 50% del coste total de la actuación, o del 75% en los casos de Zona Objetivo Uno, como es nuestro caso, son imprescindibles para la viabilidad de los mismos, y su falta implicaría la imposibilidad de su ejecución, a pesar de que pudiera estar asegurada la financiación de la parte restante; todo haría indicar que el gobierno regional podría haber estudiado el establecimiento de acuerdos puntuales o unilaterales con los Ayuntamientos solicitantes con el fin de suplir, en el porcentaje que las disponibilidades económicas permitieran, suplir la falta de financiación por parte de la Comunidad Autónoma.

Porque hay que dejar claro aquí también que para concurrir a programas de estas características no se trata de colgar a nuestros Ayuntamientos el sambenito de pedigüeños inconscientes que acuden a convocatorias para reclamar recursos que... de los cuales no disponen, o sin los cuales no podrían afrontar sus obras. Es evidente, y todos debemos conocer que para concurrir a estas ayudas el Ayuntamiento peticionario debe comprometerse a financiar el porcentaje o la parte que en la convocatoria se establece como financiación propia por parte de los Ayuntamientos.

Por lo tanto, es evidente que los Ayuntamientos peticionarios habían hecho el acopio de recursos propios necesarios para hacer frente a su... su aportación propia para financiar este programa y que, indudablemente, no sólo se les ocasiona un grave perjuicio que dificulta sus posibilidades de crecimiento y de mejora de las condiciones de vida de los que allí residen, sino que se les ha obligado a retener o a congelar una serie de recursos propios que, de conocer el resultado final de la negociación, si es que ha existido, para conseguir financiación de este programa, podrían haber destinado a otras prioridades.

Por lo tanto, resaltando o destacando una vez más la crítica seria y rigurosa y sentida por parte de la incapacidad, o en relación con la incapacidad que se ha tenido para que alguno de nuestros Ayuntamientos pudiera ser beneficiario de estas ayudas, no es menos cierto que la Junta de Castilla y León, al mismo tiempo, es incapaz de destinar o de crear un programa propio que, fracasado el Programa URBAN II para Castilla y León, para los habitantes de Castilla y León, pudiera suplir las... los recursos económicos que a nuestra Comunidad Autónoma y a estos Ayuntamientos podrían haber venido.

Y en línea con esa consideración es en la que se plantea la Propuesta de Resolución, en los términos literales que leo, y que dice lo siguiente: "Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a iniciar un proceso de negociación con los Ayuntamientos que han visto rechazados los proyectos presentados al amparo de la iniciativa comunitaria URBAN II, orientado a garantizar el desarrollo de dichos proyectos, asegurando la cofinanciación de los mismos, bien a través de fondos propios o bien a través de fondos comunitarios genéricos". Nada más y muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR RODRÍGUEZ DE LA FUENTE):

Gracias. Sí que ruego que, por favor, cuando terminéis el cigarro dejéis de fumar en la sala. Para consumir un turno en contra, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Popular, don Emilio Arroita.

EL SEÑOR ARROITA GARCÍA:

Gracias, señor Presidente. Para justificar... utilizar este turno en contra, que ya no es tanto en función de los proyectos presentados, de la viabilidad de los proyectos -que no es la cuestión que yo creo que esta tarde nos ha de competer-, sino la conveniencia de que la Junta inicie este proceso de negociación orientado a garantizar el desarrollo de los Proyectos URBAN, a los que no se les concedió por parte del Ministerio de Hacienda, asegurándoles, como usted dice en su Proposición, la cofinanciación de dichos proyectos a través de los fondos propios de la Comunidad.

Mire, para desarrollar esta cuestión, en lo que a nuestra Comunidad se refiere, me gustaría hacerle lo que son unas consideraciones en lo que es la propia actuación de la Junta, a la que usted se ha referido también anteriormente.

Los citados proyectos, de estos proyectos de los que estamos hablando, URBAN, van directamente, o se presentan directamente por parte de las Corporaciones ante el Ministerio de Hacienda; por tanto, las Comunidades Autónomas no tienen participación alguna, ni en la elaboración de los proyectos, ni en la selección de los mismos.

En lo que sí participa la Administración Autonómica -y así lo hizo la Junta de Castilla y León- es informar de la comunicación de la Comisión a... que hizo a los diferentes Estados Miembros, que fue una comunicación de veintiocho de abril del dos mil. Con fecha veintisiete de junio de dos mil se le remitió a todos los municipios de más de veinte mil habitantes. Y es una cifra de la cual después me referiré con el tema de los más de veinte mil habitantes.

La otra función que realizó la Administración Autonómica fue una función de mero asesoramiento a los Ayuntamientos que presentaron los proyectos. Aquellos que pidieron asesoramiento a la Junta de Castilla y León, la Junta les asesoró; y, en concreto, fueron dos Ayuntamientos: el Ayuntamiento de Zamora y el Ayuntamiento de Ponferrada.

Tanto la Administración Autonómica como los diez proyectos... como los diez Ayuntamientos que presentaron los Proyectos URBAN eran conscientes, desde un primer momento, que el Ministerio de Hacienda, marcado por una normativa -es decir, por algo que después les comentaré-, por unos criterios marcados por la Comunidad Económica Europea, iba a solucionar un máximo de diez proyectos para el conjunto del territorio español, que eran los que nos habían concedido frente a los treinta y uno de la iniciativa anterior, de la URBAN... de la URBAN I. Una... Diez proyectos al final -que en principio eran sólo ocho-, que a través de las negociaciones mantenidas por el Gobierno Español con la Comisión se consiguieron aumentar a diez, aumentar más los fondos. Por lo tanto, si teníamos diez proyectos para todo el territorio español, y son diecisiete Comunidades Autónomas, por lo menos siete Comunidades Autónomas no iban a tener algún tipo de este Proyecto URBAN, no se les iba a conceder ayuda a estas iniciativas.

Y en... aparte que en anteriores periodos -y es otra cosa a tener en cuenta-, Castilla y León se ha visto muy beneficiada con los fondos procedentes de la iniciativa URBAN; y esto era una dificultad, como le decía antes, una dificultad adicional a la hora de seleccionar proyectos presentados por Ayuntamientos de nuestra Comunidad Autónoma.

Por lo tanto, tenemos dos dificultades a la hora de que los proyectos mencionados fuesen incluidos entre los subvencionables. Uno, que nuestra Comunidad se había visto beneficiada por las iniciativas URBAN I en los tramos noventa y cinco-noventa y siete y noventa y siete-noventa y nueve, y en la que sólo se incluyeron treinta y una iniciativas; es decir, muchos proyectos: treinta y una iniciativas en España. Es decir, muchos proyectos ya se quedaron fuera en su momento. Y, mientras que en la iniciativa URBAN I sólo podían participar los Ayuntamientos de más de cincuenta mil habitantes -un dato muy a tener en cuenta-, en la iniciativa URBAN II, en el periodo dos mil-dos mil seis, se dirigen las ayudas a Ayuntamientos de más de veinte mil habitantes. Por lo tanto, esto implica que el número de proyectos que se presentaban y el número de ciudades que podían presentar proyectos se han multiplicado; y esto redundaba, sobre todo, como criterio defendido por Europa, en que los proyectos vayan destinados a las poblaciones con menos habitantes -es decir, más pequeñas-, que, normalmente, suelen tener una renta per cápita menor que en las grandes poblaciones. Y, por lo tanto, conseguir una mayor distribución de las ayudas, un objetivo que se pretendía con la iniciativa URBAN II.

Pues, entonces, tenemos dos... varias situaciones, que son las que nos marcan el criterio o el marco en el que estamos hablando: unos fondos más restringidos, por lo tanto, menos dinero para proyectos; ha habido ya varias ciudades de nuestra Comunidad, en concreto, tres proyectos ya beneficiados en la Comunidad Autónoma de Castilla y León con fondos URBAN; muchos más proyectos sobre los que decidir por parte del Ministerio de Hacienda y, también, posteriormente, por... por Europa; y cuarto -y fundamental-, una reducción de las iniciativas con la posibilidad de ser financiadas. Es decir, antes, en un principio, ocho, aumentado por negociaciones del Gobierno español a diez; diez para diecisiete Comunidades Autónomas de nuestro territorio.

Pero aún más. Es decir, todos estos fondos y todas las ayudas concedidas de Europa se basan en dos criterios -y más aún cuando los fondos tienen un carácter más restringido-, que son los principios de solidaridad e igualdad. Y, si son siempre las mismas poblaciones, las mismas Comunidades las beneficiadas, habrá un alto muy... porcentaje de nuestro... de España, de... por iniciativas presentadas en otras Comunidades Autónomas que estará perjudicado. Es decir, pocos contentos, muchos perjudicados.

Y para terminar, y yo le... y ahora le voy a... la pieza fundamental de nuestra oposición a su Proposición No de Ley es: ¿Debe la Junta asumir estos proyectos? Nuestro Grupo opina que no, ya que, normalmente, todas las líneas de ayudas que se presentan... se presentan muchos proyectos, de los cuales, unos se aprueban y otros no. Y suelen ser, al final, más los que no se aprueban; y siempre desde un punto de vista técnico, que está basado en los criterios de cada convocatoria. Si por parte de la Junta tuviese... se tuviesen que asumir todos estos proyectos, sentaríamos un precedente... o se tuvieran que asumir éstos, concretamente, necesitaríamos un precedente nefasto para... para la Comunidad, ya que en todas las iniciativas que se presenten por parte de alguna población de nuestra Comunidad Autónoma y que fueran rechazadas dentro del marco de ayudas comunitarias, tendría la Junta que asumirlas, independientemente de la viabilidad, del ajuste a las líneas de la convocatoria, etcétera.

Y más aún porque los que se presentaron a la iniciativa URBAN II... es decir, ¿por qué asumir los proyectos presentados por los Ayuntamientos que se presentaron a la iniciativa URBAN II? ¿Y por qué a los que no se presentaron, a todo el resto de los Ayuntamientos de más de veinte mil habitantes? Ahí... ahí el problema es que rompemos un principio fundamental de las subvenciones, de las ayudas, que es que en todas las ayudas se han de aplicar criterios de convocatoria pública y abierta a todos los posibles beneficiarios de las ayudas. Y esto, es decir, el romper este precepto en el cual se dé libertad... habrá Ayuntamientos que no se hayan presentado, pero, sabiendo que la Junta iba a asumir posteriormente lo que es la cofinanciación, por partes, se hubiesen presentado. Por lo tanto, estamos haciendo una discriminación, que nuestro Grupo está en contra de ella.

Por esta razón, y por decirle... es decir, por hacer una breve referencia a dos comentarios que ha realizado usted anteriormente, no ha sido tanta la frustración ni las esperanzas que decía usted tan grandes que tenían los Ayuntamientos. Es decir... por eso mismo que le he dicho anteriormente... se sabía perfectamente que había una gran dificultad, una gran dificultad en que nuevos programas URBAN fueran aplicados a ciudades de nuestra Comunidad Autónoma porque ya había sido beneficiada en la anterior convocatoria, en la URBAN I. Eso lo sabían tanto los Ayuntamientos que lo presentaban como la Comunidad Autónoma en el momento en que informó a aquellos Ayuntamientos que quisieron la información por parte de la Junta.

Y, después, el tema de la retención del crédito no es como usted me lo dice. Es decir, no se hace una retención de crédito; es un compromiso de financiación. No hay que retener la parte total del dinero por el que hay que financiar el proyecto; no es así. Es decir, ningún Ayuntamiento deja bloqueados unos fondos determinados por el hecho de que no se le conceda una... una subvención.

Y, además, yo he de decir una cosa; es decir, los Ayuntamientos... no es mejor el Ayuntamiento que sólo tiene proyectos para presentar en cada momento... en cada momento que aparece una convocatoria, sino que tienen muchos proyectos elaborados -la famosa... proyecto Teca de los Ayuntamientos, que se llama- para presentar a todas las iniciativas. Es decir, yo tengo un proyecto, lo tengo en mis presupuestos, sale una ayuda por parte de la Comunidad Económica Europea o por parte de quien sea, y yo tengo ese proyecto, lo puedo presentar; yo tengo fondos extras para emplear en mi presupuesto. De esa forma... es decir, lo que hay que tener es varias formas de financiación de los proyectos. Por lo tanto... es decir, en el sentido de que no hay ninguna partida que queda bloqueado... esas retenciones, esas famosas retenciones de créditos que hay que hacer en los Ayuntamientos; en este momento no afectan para el tema de las iniciativas URBAN.

Y, en síntesis... Y después hablaremos, si quiere, de la aportación que recibe la Comunidad Económica... la Comunidad Autónoma por parte de fondos europeos, en la segunda intervención. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR RODRÍGUEZ DE LA FUENTE):

Muchísimas gracias. Para consumir un turno de réplica, tiene la palabra don José María Crespo.

EL SEÑOR CRESPO LORENZO:

Muchas gracias. Claro... Por cierto, esta iniciativa es del mes de... de diciembre, cuando esto estaba... en fin, en plena... en plena discusión en el ámbito de la Comunidad Autónoma. Y, por cierto, también, para que quede constancia, pues, que, como aquí ustedes no dan explicaciones ni a tiros, pues la señora Consejera de Economía tiene pendiente una comparecencia en estas Cortes, desde fecha once de diciembre, para explicar las razones por las que no han sido seleccionados por el Ministerio de Economía ningún proyecto de los presentados por los Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma a través de la Junta de Castilla y León dentro del Programa URBAN. Quizá, pues ustedes pensaban que, claro, no compareciendo, no dando explicaciones en el momento, pues estas situaciones se... se olvidan, y nadie va a recordar lo que a nuestro juicio son graves incumplimientos, graves promesas incumplidas, protagonizadas por el Partido Popular y por el Gobierno de la Comunidad Autónoma.

Dice usted que no le consta la frustración que ha podido generarse en los Ayuntamientos peticionarios en relación con este asunto. Pues le recomiendo que hojee periódicos y declaraciones que han efectuado Alcaldes de todo signo político a tenor de lo que aquí había sucedido. Los Alcaldes apuntan al Ministro como culpable de su fracaso; en Zamora se declara que "contábamos con el URBAN"; en Soria se dice que no hay criterios objetivos; en Palencia se dice que deben darse explicaciones; en Salamanca se hace responsable al Ministerio; en Burgos se habla de que es un problema de interlocución; en Miranda parece que sabían algo más porque ya se lo habían advertido; en Béjar se indica por el Alcalde que "tenían pocas esperanzas"; en Segovia se lamentan de que el proyecto era bueno, etcétera, etcétera. Si usted cree que declaraciones de este tipo, pues, no sugieren una frustración entre quienes habían puesto su ilusión en conseguir esta financiación, pues me lo tendrá usted que aclarar.

¿Y sabe por qué se genera la frustración? Pues, porque cumpliendo... o incumpliendo esa tarea de asesoramiento que usted reservaba para la Comunidad Autónoma en esta materia, el asesoramiento que ha prestado la Junta de Castilla y León a estos Ayuntamientos no ha sido tal; ha sido, sencillamente, animarlos y estimularlos para que concurrieran a ese tipo de iniciativas argumentando que eran iniciativas o que eran recursos alcanzables. Y yo creo que una de las tareas de asesoramiento que le corresponde al Gobierno Regional, además de mejorar cualitativamente los proyectos que se presentan, es hacer las advertencias con la información que se supone que se tiene en que esos proyectos necesariamente han de ser contemplados. Y el problema que hemos tenido con este Gobierno, que hemos tenido con el anterior Presidente -y veremos lo que nos depara el futuro inmediato-, es que se prometen todas las cosas en todos los sitios. Y nadie advirtió a los Ayuntamientos peticionarios de que esta situación podía producirse.

Y yo le ruego, además, que me explique, si los criterios han sido tan objetivos como usted aquí argumenta, en base a qué el anterior Presidente de la Junta se ofreció a renegociar la inclusión de Ayuntamientos de Castilla y León en este programa, dando hasta alguna garantía de que algún Ayuntamiento concreto -y no lo voy a citar en este momento- podía verse acogido o podía verse contemplado en una nueva elaboración de la lista indicativa de municipios beneficiarios de los programas URBAN. Y yo creo que eso, esa explicación usted la debe dar aquí.

Y, al mismo tiempo, yo creo que falta usted a la verdad cuando dice que, en este... en este caso, se han contemplado Ayuntamientos de menor población, o que la Unión Europea pretendía que fueran beneficiarios de estas ayudas Ayuntamientos de menor población. Yo le pregunto a usted si el Ayuntamiento de Granada es un Ayuntamiento pequeño, si el Ayuntamiento de Jaén, si el Ayuntamiento de Gijón, si el Ayuntamiento de Cáceres, si el Ayuntamiento de Orense, si el Ayuntamiento de Pamplona o si el Ayuntamiento de San Sebastián y Pasajes son pequeños Ayuntamientos. Y le cito también otros municipios intermedios, como puede ser el de Teruel, como puede ser San Cristóbal de la Laguna o como puede ser San Adrián del Besós, pues son Ayuntamientos en unos casos de doscientos cuarenta mil habitantes, en otros de más de cien mil, en otros de casi doscientos mil, etcétera, etcétera. Tipos de Ayuntamientos que en nuestra Comunidad Autónoma sólo los tienen las capitales de provincia, y no todas, ni mucho menos.

Por lo tanto, que el criterio haya sido bajar la población usted sabe que no es verdad. Y, por lo tanto, deme otras explicaciones; no le admito que me dé la explicación de población, porque a la vista está: frente a estos Ayuntamientos beneficiarios -digamos-, o junto a estos Ayuntamientos beneficiarios, concurrían los nuestros de Béjar, Burgos, León, Miranda de Ebro, Palencia, Ponferrada, Salamanca, Segovia, Soria y Zamora. No es el criterio de población el que ha primado a la hora de seleccionar proyectos URBAN.

Y, luego, hace usted aquí una interpretación... en fin, es lo que les toca, pero pretende hacer una intervención matizada de la intervención tajante que el Secretario de Estado de Asuntos Europeos dio en el Senado cuando fue interpelado en relación con este asunto. Pero es que este señor tampoco sabe nada, tampoco sabe nada; porque arrancar en su exposición diciendo que "lamento la decepción del Senador de turno, ya que le hubiera gustado poder dar una explicación más concreta de este tema, pero, por desgracia, la tarea de hacer la síntesis de los intereses de todos en un concurso en el que se presenta tal... siempre está abocado a salir perdiendo el Gobierno", para decir, posteriormente, y lamentar que a él le hubiera gustado que en esta selección no hubiera habido ninguna ciudad... lamenta que en esta selección no hubiera habido ninguna ciudad correspondiente a Castilla y León. Pero me imagino que la conclusión que se tomó al hacer la síntesis de todo y seleccionar estaría seguramente justificada.

Esas explicaciones -permítame- no puede darlas un Gobierno. Esas explicaciones habrá que pedírselas, pues, a quien está en la Oposición, que normalmente se entera lo justo, ¿eh?, o a cualquier otro ciudadano que pase por la calle y se le pregunte sobre un asunto de trascendencia. Pero a quien tiene la obligación de resolver, a quien tiene la obligación de decidir, a quien tiene la obligación de presionar, a quien tiene la obligación de influir decisivamente en la toma de decisiones, no puede escurrirse en el Parlamento diciendo que lamenta la decisión que han tomado otros, porque ésa es una vieja táctica de ustedes; siempre buscando responsables sin que nunca dediquen un mínimo tiempo siquiera a mirarse a sí mismos para buscar las responsabilidades que a ustedes les corresponden como partido que sustenta la acción de Gobierno.

Y yo le insisto: una parte de la responsabilidad está en no haber priorizado dentro del conjunto de proyectos que concurrían a la iniciativa URBAN, que eso también es gobernar; eso también es indicar al conjunto de peticionarios que el Gobierno Regional, por las razones que se incluyen en el modelo URBAN -esas razones a las que yo me refería anteriormente, como son la regeneración económica y social de las ciudades y de los barrios en crisis con el fin de fomentar un desarrollo urbano sostenible-, en virtud de esa definición del Programa URBAN, el Gobierno Regional podría haber optado por alguno de los diez/doce/trece programas que municipios de Castilla y León presentaban. Porque ésa sí que es una tarea de asesoramiento, decirles a los Ayuntamientos que pretenden concurrir que, desde la óptica del Gobierno Regional, el proyecto a mantener, el proyecto a impulsar, el proyecto a contemplar desde la Unión Europea, en opinión del Gobierno Regional, es éste, el otro o el de más allá.

Y cuando un Gobierno hace eso y asume su responsabilidad, posteriormente, no queda más remedio que al resto en ser solidario con el buen o mal trato que ese Gobierno haya recibido. Pero cuando un Gobierno lo que hace es alimentar a todos los Ayuntamientos por igual, decirles a todos que tienen su oportunidad, e incluso cuando esto está perdido, sacarse un conejo de la chistera hablando de una posible renegociación posterior para, en una repesca, lograr incluir a alguno de ellos, sencillamente se está defraudando, sencillamente se está engañando.

Y termino diciéndole: ésa es la parte de crítica; pero la Proposición No de Ley no se queda en esa parte de crítica que ustedes debieran asumir. La Proposición No de Ley les habla de establecer una negociación. Es verdad que las convocatorias deben ser abiertas y públicas; todas, todas, ¿eh?, todas. Pero, en este caso, a la vista de lo que ha sucedido, no pasaría nada porque el Gobierno Regional sacara una línea de ayudas, una convocatoria en la cual, basándose en el espíritu que está en el origen de los programas URBAN, la Comunidad Autónoma, persiguiendo esa regeneración económica, etcétera, etcétera, sacara una línea de ayuda en la cual muchos Ayuntamientos tendrían el trabajo avanzado de cara a presentar proyectos que podrían contar con financiación de la Unión... de la Comunidad Autónoma. Y, al mismo tiempo, en esa convocatoria pública, otros Ayuntamientos podrían concurrir.

Y, evidentemente, estamos hablando aquí ya de fondos propios de la Comunidad Autónoma y, por lo tanto, sabemos las posibilidades financieras de la Comunidad Autónoma. Si acudimos a Europa en busca de financiación, es precisamente porque entendemos que allí se pueden captar recursos que mejoren la deficiencia de recursos propios que tenemos en el ámbito autonómico y en el ámbito municipal.

Y yo no les he planteado aquí ni una... una cifra, ni les he planteado aquí que la Junta de Castilla y León debiera sacar una convocatoria por el mismo importe que la Unión Europea había sacado para los programas URBAN. Yo no le estoy diciendo eso. Simplemente les estoy diciendo que el Gobierno Regional podía haber aprovechado el impulso, la ilusión, y también la imaginación que estos Ayuntamientos han puesto sobre la mesa para solicitar esas ayudas, y a través de una convocatoria efectuada por el Gobierno Regional, seguramente, seguramente algo podríamos haber resuelto, y estos Ayuntamientos en una fase, en dos, en tres, en más tiempo, etcétera, podrían haber sacado adelante unos proyectos que para esas ciudades han sido ilusionantes.

Ustedes no lo han querido hacer; ésa es su responsabilidad. Y, por lo tanto, han fracasado dos veces: ante la Unión Europea, por su incapacidad para que fuera contemplado uno solo de los programas que presentaba la Comunidad Autónoma de Castilla y León, y ante los propios Ayuntamientos de Castilla y León, porque el Gobierno Regional es incapaz de destinar una sola peseta para mantener la ilusión y la inversión que estos programas suponían para la mejora de la calidad en estas poblaciones. Nada más y gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR RODRÍGUEZ DE LA FUENTE):

Gracias. Por parte... para consumir un turno de dúplica, tiene la palabra don Emilio Arroita.

EL SEÑOR ARROITA GARCÍA:

Gracias, señor Presidente. Por hacer varias menciones a los temas que usted nos ha... nos ha reflejado esta tarde.

Al final, no tenemos que olvidarnos que estos proyectos, estas presentaciones que se hacen por parte de los Ayuntamientos no son más que meras expectativas; en el mejor de los casos, en cada uno de los programas se conceden uno o dos por Comunidad. Y es la realidad y es como está funcionando.

Pero usted mismo me lo está diciendo; es decir, en dos cuestiones, y otra más que le voy a explicar, porque veo que no me expliqué bien antes o no me entendió usted.

Es un tema que... aparte de que no es el Ministerio de Economía, que es el Ministerio de Hacienda el que tramita estas subvenciones URBAN, yo no le he dicho que no me constaba que había desesperanza. Yo le digo que los Ayuntamientos estaban perfectamente informados. Y se lo digo porque yo he participado en un URBAN -uno de los que estamos hablando esta tarde-. Sabían perfectamente que había una grave dificultad... una gran dificultad en que se concedieran y, fundamentalmente, a aquellas capitales, a aquellas poblaciones que ya lo habían disfrutado. Ya lo estoy diciendo: al final son meras expectativas. No podemos... es decir, la Comunidad Autónoma no puede estar al socaire que estas expectativas se concedan o no se concedan y, en función de eso, en función de eso, cofinanciarlas por parte de fondos propios de la Comunidad, porque -imagínese usted- esto sería un pozo sin fondo, del cual los fondos de la Comunidad no podrían... no podrían eso.

Y yo le digo: no es verdad, no es verdad que no se haya advertido a los Ayuntamientos. Los Ayuntamientos que presentaban sabían de la dificultad de la concesión de estos... de estas ayudas, y la Comunidad Autónoma sabía de la dificultad de la concesión de estas ayudas.

Y usted mismo lo está diciendo, si se ha decidido... ni siquiera en la Comunidad Europea; es decir, es el Ministerio de Hacienda el responsable de decidir o no decidir cuál proyecto cumple con los criterios que ponen los técnicos, los criterios de los técnicos europeos. Usted mismo lo dice: si el propio Presidente de la Comunidad en su momento fue capaz de hacer... modificar, de modificar la lista, de negociarla, usted mismo me está dando la razón. Efectivamente, porque se hacía con unos criterios técnicos y no se podía soslayar ni menoscabar la importancia, no sólo de las ciudades que habían presentado nuestro proyecto y la Comunidad Autónoma, de esas diez ciudades -que son diez las que presentaron proyectos de la Comunidad Autónoma-, frente al resto de los proyectos presentados en España.

Y, además, le he dicho... no he dicho que el criterio de la Comunidad Económica Europea... de la Comunidad era el de más veinte mil; es decir, no, no, no que fuese ....., sino que se ha reducido el número de Ayuntamientos... es decir, el número de habitantes que han de tener los Ayuntamientos que pueden presentarse a esta iniciativa; es decir, que se ha reducido el número de habitantes. ¿Qué es lo que ocurre? Que al reducirse hay muchos más Ayuntamientos que pueden entrar; por lo tanto, muchos más proyectos -como decía antes- sobre los cuales decidir, sobre los cuales decidir, y entonces... y una ayuda mucho más escasa de la que había en la iniciativa URBAN I. Por lo tanto, era mucho más dificultoso. Y los Ayuntamientos lo sabían, la Comunidad Autónoma lo sabía y los Ayuntamientos que pidieron asesoramiento a la Comunidad Autónoma lo tuvieron. Y así le estoy diciendo el caso. El Ayuntamiento de Zamora pidió asesoramiento y el Ayuntamiento de Ponferrada pidió asesoramiento a la Comunidad, y se les dijo. Y esto que le estoy diciendo yo es así; y pregúnteselo, si no, usted a sus Alcaldes, si quiere. Lo sabían perfectamente, de la gran dificultad para conseguir estos... estas ayudas.

Y, después, no sé qué le diría el Director General de lo que usted me está hablando. Es decir, pues dígales a sus compañeros Senadores que, precisamente... es decir, que no viene aquí con un criterio para mantener. Yo le estoy dando mi opinión, y no sé si se corresponde o no se corresponde; no me importa si no se corresponde con la que está diciendo. Yo le estoy diciendo la opinión que tiene nuestro Grupo en este caso.

Bien. De todas maneras, al final estos fondos -y usted lo sabe perfectamente- no son unos fondos muy cuantiosos, no causan un grave perjuicio a las economías municipales. El verdadero esfuerzo presupuestario, que es el que tiene que hacer la Junta, y lo va a hacer, pero... y como usted está de acuerdo seguramente, en el Plan de Cooperación Local, y es en lo que... el Plan de Cooperación Local en la financiación de Entidades Locales.

¿Y cómo estamos traduciendo esto en cifras? Vamos a ver si la Junta -como usted podía decir- apoya o no apoya a los Ayuntamientos de nuestra Comunidad. Se está... se han destinado por parte de la Comunidad Autónoma créditos superiores a los 28.000 millones para financiar el Plan de Cooperación Local; es decir, un incremento... estamos hablando de un incremento desde el noventa y nueve -sólo desde el año noventa y nueve-, desde el principio de Legislatura, de un 52%.

Mire, y además no podemos hablar... es decir, no me hable usted de maltrato de nuestra... a nuestra Comunidad por parte del Gobierno en cuanto a fondos europeos, y fundamentalmente en los que realmente importan, en los que son los realmente cuantiosos, los que después sí que se notan en los presupuestos municipales.

Y hay que hablar que en el conjunto de Castilla y León ha obtenido un trato altamente satisfactorio en el reparto de lo que son los fondos europeos para el periodo dos mil-dos mil seis. Y esto ya está; es decir, está negro sobre blanco, no me lo invento. Y tenemos asignados para nuestra Comunidad Autónoma el 12% de los Fondos Estructurales que están destinados para Regiones Objetivo Uno, lo que representa -una rápida traducción a cifras- de... 816.000 millones de pesetas. Es decir, comparemos: en el periodo noventa y cuatro-noventa y nueve a nuestra Comunidad le correspondió el 10,8%, y en el periodo dos mil- dos mil seis nos corresponde el 12% de estos Fondos Estructurales.

Y si tenemos en cuenta que no sólo ha aumentado el tanto por ciento que nos corresponde, sino que los fondos en general han aumentado, estamos hablando de que en términos absolutos ha crecido la aportación a nuestra Comunidad, aproximadamente, del 70%.

Por lo tanto, esto... lo que estamos hablando es de un apoyo por parte del Gobierno a la Comunidad Autónoma con los fondos europeos.

Y después, incluso podemos comparar un poco más con los Fondos de Cohesión destinados a inversión. En el noventa y cuatro-noventa y nueve: 19.000 millones, en los primeros años nada o prácticamente nada invertido. Dos mil-dos mil seis: sólo en los dos primeros años ya se han transferido 7.182 millones; de esos 7.182 millones ya están traspasados a Administraciones Locales 2.180 millones. Es decir, con esta... si sacamos una rápida previsión, se van a doblar los fondos obtenidos en este periodo, en el dos mil-dos mil seis, frente a los obtenidos en el noventa y cuatro-noventa y nueve.

Y después... y si quiere, y si quiere, por comparar, es decir, los Fondos de Cohesión destinados a nuestra Comunidad Autónoma en la temporada... es decir, no voy a entrar en cifras de cuando gobernaban ustedes los Fondos de Cohesión en inversiones en infraestructuras, en medio ambiente, en mejoras del medio ambiente para nuestra Comunidad Autónoma.

Y después, por ejemplo, Salamanca y Zamora -dos de los Ayuntamientos afectados por la no concesión de las ayudas URBAN-, sabe perfectamente que Salamanca y Zamora están dentro del INTERREG más fuerte. Hay tres INTERREG, tres Programas INTERREG ahora mismo: INTERREG con Francia, INTERREG España-Francia, España-Portugal y España-Marruecos. España-Marruecos y España-Francia son bastante flojos en cuanto a consignación presupuestaria. El más fuerte, sin ninguna duda, es España-Portugal. ¿Y cuáles son las dos provincias más beneficiadas? Salamanca y Zamora. Es decir, dos de las provincias que en su momento no han obtenido esta ayuda URBAN, pero que reciben muchos fondos... van a recibir muchos fondos a través de la convocatoria INTERREG para llevar adelante esos proyectos. Eso es lo que yo le decía. Es decir, estos Ayuntamientos tienen y van a tener proyectos que presentar a las convocatorias INTERREG para obtener muchos fondos europeos; no los fondos URBAN, que todos hubiésemos deseado que alguno hubiese llegado a la... a nuestra Comunidad Autónoma, pero sí, sí a través de los Fondos INTERREG, que ésos sí que dan bastantes cantidades presupuestarias. De hecho, son las dos ciudades de España que más porcentaje van a recibir de fondos europeos.

Por eso le digo... al final yo le digo: ¿ha de asumir la Comunidad Autónoma estos proyectos que han sido rechazados en su momento? Pues nosotros creemos que no, creemos que no porque sentaría ese precedente que le estoy diciendo, y la Comunidad por otras vías, por otras formas, por el Plan de Cooperación Local está aportando suficientes fondos a las Entidades Locales para la financiación... para su financiación y para la financiación de los diferentes proyectos que presentan. Muchas gracias, señor Presidente.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR RODRÍGUEZ DE LA FUENTE):

Gracias. No hay fijación de posiciones. Se ha ausentado la representante del Grupo Mixto. Entonces, para cerrar el debate, tiene la palabra don José María Crespo.

EL SEÑOR CRESPO LORENZO:

Gracias, señor Presidente. En un minuto nada más. Es que es tremendo que para suplir carencias se instalen ustedes en las huidas hacia adelante. Bueno, pues ustedes sabrán. Ya están llevando las cosas al extremo de declarar suficientes los fondos que destina la Comunidad Autónoma para financiar a las Corporaciones Locales. Nadie antes que usted se había atrevido a decir eso siquiera en estas Cortes. Podíamos estar de acuerdo en que si la forma de distribución era la adecuada o no, si eran más o menos, si desde la Oposición se hacía demagogia reclamando fondos en exceso, desde el Gobierno siempre se ha hecho ese pequeño ejercicio de humildad que nunca serán bastante los recursos que el Gobierno Regional destine a financiar a las Corporaciones Locales, en ocasiones se ha llegado a decir que ésa es una responsabilidad compartida por parte del Gobierno de la Nación con la Comunidad Autónoma, y que la Comunidad Autónoma no puede suplir las insuficiencias financieras que desde el Gobierno de la Nación se tengan para las Corporaciones Locales; pero llevar al extremo de declarar suficiente la cooperación económica de la Comunidad Autónoma con las Corporaciones Locales -insisto- nadie antes que usted se había atrevido a decirlo en estas Cortes. Yo creo que con eso queda dicho todo.

Es decir, usted está plenamente satisfecho de la cooperación económica que prestamos. Yo creo que es el único, ¿eh? No hay más que ver que cada vez que los Alcaldes se reúnen, cada vez que la Federación Regional de Municipios y Provincias opina, cada vez que analizamos los porcentajes de participación de las Corporaciones Locales en los recursos de la Comunidad Autónoma, cada vez que nos ponemos a hablar entre su Grupo y el mío de la necesidad de impulsar un pacto local en Castilla y León que, entre otras cosas, contemple mejora sustanciales en la financiación de las Corporaciones Locales, cada vez que nos ponemos a hablar de la necesidad de elaborar una ley de financiación de las Corporaciones Locales en Castilla y León que ajuste, concrete y mejore esa financiación. Y ahora, pues, en fin, me despacha usted aquí diciendo que son suficientes los recursos que destina nuestra Comunidad Autónoma para con los Ayuntamientos. Bien.

Yo creo que eso forma parte de la realidad inventada que ustedes están alimentando permanentemente, y que en algún momento, pues, se van a encontrar con una cruda realidad, que, en fin, no... no me preocupa mucho por ustedes, ¿no?, me preocupa por el tiempo perdido de unos Ayuntamientos que languidecen, que ponen sus esperanzas, ya que no en la Comunidad Autónoma, sí en otro tipo de iniciativas. Que esas iniciativas, pues, en fin, se avalan, se apoyan y se impulsan desde el Gobierno Regional; pero que cuando esas iniciativas no salen, el Gobierno Regional, pues, no se acuerda, no asume su cuota de responsabilidad.

Y, por lo tanto, pues lamentamos con... en fin, con cierto sentimiento, que después de un patinazo tremendo como éste, que ha puesto en evidencia a Castilla y León ante Europa y ante el resto del Estado, y a nuestros Ayuntamientos, pues, ante sus ciudadanos, lamentamos que el Gobierno Regional no asuma un poquito de su cuota de responsabilidad y estableciera una línea de ayudas específica con cargo, ¿eh?, o en sintonía con las motivaciones que están en el origen del Programa URBAN II. Ustedes lo rechazan, y ésa es su responsabilidad.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR RODRÍGUEZ DE LA FUENTE):

Muchísimas gracias. Concluido el debate, procedemos a la votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra?

El resultado de la votación es el siguiente. Votos emitidos: dieciséis. Votos a favor: seis. Votos en contra: diez. Por tanto, queda rechazada la Proposición No de Ley debatida.

Según acuerdo al que se ha llegado por parte de los Portavoces, el segundo y el tercer punto del Orden del Día se va a debatir conjunto, aunque se va a votar por separado.

Por parte del señor Secretario se dará lectura del segundo y tercer punto del Orden del Día.

EL SEÑOR SECRETARIO (SEÑOR YÁÑEZ RODRÍGUEZ):

Segundo punto del Orden del Día: "Proposición No de Ley 446, presentada por el Procurador don José María Crespo Lorenzo, relativa a creación, financiación y oferta a los Ayuntamientos de un servicio de inventario, catalogación, delimitación y defensa del patrimonio municipal, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, número ciento catorce, de treinta de enero del dos mil uno".

Tercer punto del Orden del Día: "Proposición No de Ley 447, presentada por el Procurador don José María Crespo Lorenzo, relativa a creación, financiación y oferta a las Juntas Vecinales de un servicio de inventario, catalogación, delimitación y defensa de su patrimonio, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, número ciento catorce, de treinta de enero del dos mil uno".

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR RODRÍGUEZ DE LA FUENTE):

Para la presentación de la Proposición No de Ley, tiene la palabra don José María Crespo Lorenzo.

EL SEÑOR CRESPO LORENZO:

Gracias, señor Presidente. Tampoco desde el Grupo Parlamentario Socialista se hizo demasiado esfuerzo para establecer antecedentes diferentes que pudieran adornar esos Antecedentes de la iniciativa, porque, realmente, pues la parte descriptiva que en ambas se contempla yo creo que es absolutamente idéntica. Es demasiado frecuente que nuestra Comunidad Autónoma -por sus características territoriales y poblacionales, pues un Ayuntamiento y una Junta Vecinal se distingan o se diferencien muy poco en lo que se refiere a sus características naturales, ¿no?, de población, de dispersión, de envejecimiento, de empobrecimiento, etcétera, etcétera.

Por eso, los Antecedentes son absolutamente idénticos, aunque a partir de ahí asistimos a dos realidades diametralmente opuestas: una es la de los Ayuntamientos y otra, la de las Juntas Vecinales; en el caso de los Ayuntamientos, con precariedad evidente. Pero, desde nuestro punto de vista, todavía con una cobertura legal mayor en lo que eso permite hablar de una seguridad jurídica mayor para los bienes titularidad de esos Ayuntamientos, nos parece que la situación que aquí describimos todavía es más inquietante, más preocupante en lo que se refiere a las Juntas Vecinales. Juntas Vecinales, que, en fin, forman parte, casi, de nuestra cultura; no dejan de ser una seña de identidad y una peculiaridad de organización territorial de Castilla y León, que, como consecuencia de pertenecer o de ser prácticamente exclusiva o con características muy peculiares en nuestra Comunidad Autónoma, su cobertura legislativa y, por lo tanto, la seguridad jurídica que protege a los bienes de esas Juntas Vecinales es todavía mayor que la que protege a nuestros Ayuntamientos.

Desde esa perspectiva, yo creo que debiera inquietarnos a todos las consecuencias que en el medio o largo plazo pueden derivarse de fenómenos a los que asistimos en nuestra Comunidad Autónoma y en lo que se refiere a la titularidad de los bienes de esos Ayuntamientos y de esas Juntas Vecinales.

Yo creo que cada vez más asistimos a ese proceso de despoblamiento, seguramente irreversible en amplios territorios de nuestra Comunidad Autónoma, en los cuales la unidad administrativa de referencia, que es el Ayuntamiento o que es la Pedanía, sencillamente, pierden toda su efectividad como consecuencia de la pérdida de población. Es verdad que las previsiones legales en relación con esta materia están establecidas y, por lo tanto, no cabe hablar, en pureza, de un vacío que, ante la desaparición de una Junta Vecinal o ante la desaparición de un Ayuntamiento, fundamentalmente por razones de pérdida y desaparición de población, no cabe hablar, en propiedad, que los bienes cuya titularidad les correspondiera, pues sencillamente podían quedar ahí al albur del primero que llegara.

Las previsiones legales están establecidas, pero se da una circunstancia que agrava, agrava la situación, sin llegar a ese extremo. Y la peculiaridad que se da es que en muchos de estos Ayuntamientos, y también en muchas de estas Juntas Vecinales, determinadas personas, sencillamente, concurren a las elecciones, en el ejercicio legítimo de sus derechos, pero concurren a las elecciones sin residir para nada ni en el municipio, ni en el Ayuntamiento, ni en la Junta Vecinal, y concurren a esas elecciones, pues, para ser titulares o tener algún derecho para la explotación de bienes comunales, de bienes patrimoniales, explotación de montes, roturos, etcétera, cuya titularidad corresponde o bien al Ayuntamiento o bien a la Junta Vecinal.

Eso, se da la circunstancia de que asistimos al hecho de que quien administra o quien es el titular de la Administración Pública, que es un Ayuntamiento y una Junta Vecinal, al mismo tiempo, en muchísimas circunstancias, es a la vez beneficiario de las explotaciones de los bienes pertenecientes a ese Ayuntamiento a esa Junta Vecinal. También en esto estaríamos rayando con... estaríamos rayando con la legalidad; pero dándose la circunstancia de que en multitud de ocasiones son los únicos residentes o los únicos vecinos empadronados allí, pues realmente hay serias dificultades para poder impugnar esos actos administrativos que consisten en ser beneficiarios o adjudicatarios de la explotación de esos bienes patrimoniales.

Al mismo tiempo, al mismo tiempo, se da la circunstancia de que no hay demasiada gente atenta, o que persiga, o que estuviera inquieta por esas prácticas que se están dando en docenas y docenas -por no decir centenares- de Ayuntamientos o de Juntas Vecinales. No hay voluntad, no hay conocimiento, no hay capacidad de ciudadanos o de vecinos particulares; y no hay capacidad -quizá voluntad sí, pero no hay capacidad o posibilidad material- de que, por parte de la Administración Regional, pues pueda hacer un seguimiento cotidiano y pormenorizado de la situación en la que se encuentran esos bienes titularidad de ese tipo de Ayuntamientos y de esas Juntas Vecinales.

Con eso, y con el paso del tiempo, pues las propiedades a veces se consolidan. La delimitación o los deslindes de los bienes de los Ayuntamientos y de las Juntas Vecinales cada vez son más confusas. Ustedes saben que muchísimos de esos bienes -porque también había... hay una obligatoriedad estricta-, pues, no están registrados notarialmente y, por lo tanto, las escrituras de propiedad, pues, no están todo lo acreditadas, o todo lo ajustadas, o todo lo diligenciadas que fuera conveniente. Y, por lo tanto, en muchos casos, la titularidad y la delimitación de esos bienes depende mucho de la memoria de nuestros mayores, que siguen teniendo, pues... o siguen recordando hasta dónde llegaban los límites de un término municipal, de las propiedades de una Junta Vecinal, etcétera. A medida que esa memoria física se va perdiendo, la confusión es mayor, los oportunistas, pues, aprovechan la ocasión; y estamos asistiendo -desde nuestro punto de vista- de una manera lenta, pero inexorable, a lo que -en nuestra opinión- es una pérdida progresiva de patrimonio público, patrimonio ingente, cuantificado en centenares o en decenas de miles de hectáreas y, por lo tanto, también en recursos económicos que podrían ser, seguramente, explotados de otra manera o que, en cualquier caso, cuya titularidad no puede correr riesgos como consecuencia del paso del tiempo, como consecuencia del desconocimiento o como consecuencia de la incapacidad para vigilar y mantener adecuadamente esa titularidad.

Yo sé que en esto estamos hablando de una competencia, lógicamente, que podría desarrollarse perfectamente a través de las Diputaciones Provinciales, a las cuales, pues, la propia Ley... -y nosotros así lo asumimos- les corresponde una tarea de apoyo a los pequeños municipios -y aquí estamos hablando de los pequeños de verdad, de las Juntas Vecinales-. Yo soy consciente de haber conocido y de haber vivido programas y convocatorias para la financiación por parte de las Diputaciones Locales de la actualización de los inventarios de bienes de las corporaciones, de la catalogación de los mismos, de la custodia en su caso. Es tremendo visitar Ayuntamientos muy activos, y otros no tanto, en los cuales observar la situación de los archivos y de los inventarios, pues realmente, induce a depresión, porque nos estamos dando cuenta de que la informática allí no ha llegado, la catalogación no existe, los lugares en los que están custodiados esos archivos, pues, son lugares lamentables. Y podemos asistir tranquilamente a expolios, a desapariciones; en definitiva, a confusión respecto de la titularidad de patrimonio público.

Por todo ello, por todo ello, independientemente de los términos en los que están redactadas las dos Proposiciones No de Ley, yo querría trasladarles... he creído... hemos pretendido trasladarles con esta iniciativa una sensibilidad que me gustaría que fuera asumida e interiorizada por parte de todos. Hay un ingente patrimonio, un ingente patrimonio de titularidad pública, de Ayuntamientos y de Juntas Vecinales, que, de no tomar medidas en las cuales, obviamente -en virtud de la autonomía respectiva-, a la Comunidad Autónoma no le corresponde más que ofrecer y prestar su colaboración para la mejor administración, conservación y custodia de esos bienes; pero que de no tomar algún tipo de medidas drásticas y visibles en relación con este asunto, en unos años estaríamos asistiendo a una pérdida irreversible de un ingente patrimonio que hemos heredado, y que está en la razón de ser, incluso de muchos de nuestros Ayuntamientos y muchas de nuestras Juntas Vecinales.

Y de ahí los términos en los que presentamos las dos Proposiciones No de Ley, para ofrecer un servicio que financie y oferte a las Juntas Vecinales de los Ayuntamientos y de las Juntas Vecinales de nuestra Comunidad Autónoma la... el inventario, la catalogación y la delimitación y defensa del patrimonio de éstos, de los Ayuntamientos y de las Juntas Vecinales. Nada más y gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR RODRÍGUEZ DE LA FUENTE):

Muchísimas gracias. Para consumir un turno en contra... ¡Ah!, perdón. Para fijación de posiciones, tiene la palabra, por el Partido Popular, don José Manuel Miano.

EL SEÑOR MIANO MARINO:

Muchas gracias, señor Presidente. Por parte de la Dirección General de Administración Territorial, y a través siempre de las Diputaciones Provinciales, se vienen convocando anualmente ayudas para la formación de inventarios de las Entidades Locales, como instrumento legal para la acreditación y defensa de su patrimonio, y no solamente del forestal -como aquí se ha dicho-. Gracias a esta línea, son muchos los municipios que disponen de este registro legal, en el que constan la totalidad de sus bienes, derechos y acciones, con sus características, naturaleza, límites, etcétera, a partir del cual la legislación local otorga a las Entidades Locales unas potestades especiales para su conservación y defensa, ¿no?

Siendo, pues, un deber que la ley impone a las Entidades Locales, la Comunidad Autónoma colabora económicamente en la formación de los mismos. Y, además -como bien se ha dicho aquí por el Proponente-, todas las competencias que correspondían en esta materia a la Junta de Castilla y León han sido delegadas por ésta a las distintas Diputaciones Provinciales, a las que apoya económicamente en todas las funciones realizadas en defensa de los patrimonios locales.

De hecho, este mismo año, en el Boletín Oficial de Castilla y León de cinco de febrero se publica la Orden de veinticuatro de enero de este año de la Consejería de Presidencia y Administración Territorial, por la que se convocan ayudas para la creación y sostenimiento de oficinas de asistencia y asesoramiento a municipios y para la formación de inventarios de bienes de las Entidades Locales durante el año dos mil uno. Esto se ha producido este año, pero el año pasado, en los mismos términos, sale publicada otra Orden en los términos anteriormente mencionados. Y en el año noventa y nueve sale otra Orden publicada, referida a la formación de inventarios de bienes de las Entidades Locales.

Por lo tanto, por parte de la Junta de Castilla y León, dentro de lo que son sus competencias y dentro del marco de colaboración con las distintas Diputaciones Provinciales, se vienen estableciendo líneas de ayudas económicas para el establecimiento o para la realización de este tipo de inventarios.

Por lo tanto, este Grupo Parlamentario considera que lo que se propone en las Propuestas de Resolución se viene aplicando por parte de la Junta de Castilla y León. Por tanto, es una redundancia que votemos a favor de algo que la Junta de Castilla y León ya viene desarrollando. Por lo tanto, vamos a votar en contra de la Proposición No de Ley tal y como viene redactada. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR RODRÍGUEZ DE LA FUENTE):

Gracias. Para cerrar el debate, tiene la palabra, por un... tiene la palabra don José María Crespo.

EL SEÑOR CRESPO LORENZO:

Gracias, señor Presidente. Yo creo que no me he explicado... debe haber sido culpa mía, no me he debido explicar bien. Porque no voy a hablar aquí de las cuantías que se destinan; siempre sería el viejo debate: son muchas, son pocas, habría que hacer más. No voy a hablar aquí de la lista de espera que hay en las propias Diputaciones ante la insuficiencia de recursos, pues, se establecen para... priorizando, pues, qué Ayuntamientos se incluyen en los convenios para actualizar sus inventarios de bienes, etcétera.

Es que yo no les hablaba de eso, porque para que alguien pueda acogerse a una línea de ayudas lo primero que tiene que hacer es existir, y, en segundo lugar, tener voluntad. Y lo que yo les estoy planteando aquí es: esos Ayuntamientos, docenas, de Castilla y León, los cuales sólo existen formalmente y, desde luego, en muchos casos no tienen ninguna voluntad de acogerse a una línea de ayudas que les permita aclarar la situación de su patrimonio. Es a ésos a los que yo me estoy refiriendo, y es a esas Juntas Vecinales que no tienen ningún interés, absolutamente ningún interés en clarificar la situación de su patrimonio. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que están siendo beneficiarios y se están aprovechando de ese patrimonio que es de todos, y cualquier intento protagonizado por una administración -no hablo superior, paralela; aquí no cabe hablar de administraciones superiores e inferiores-, cualquier intento protagonizado por otra administración de clarificar la situación de esos bienes, se resistirían como gato panza arriba.

Y yo ya le he dicho antes que topábamos aquí con la autonomía municipal. Evidentemente, evidentemente. Pero la Junta de Castilla y León tiene medios suficientes para, con la experiencia acumulada de años de convenios de las Diputaciones Provinciales para catalogar o financiar la catalogación de los inventarios de bienes, conocer cuáles son aquellos Ayuntamientos que, sistemáticamente, no han acudido a esa línea de ayudas; lo cual -en nuestra opinión- los convierte automáticamente en sospechosos de no tener interés en que su inventario esté convenientemente actualizado y convenientemente registrado. Eso, respecto de los Ayuntamientos.

Y respecto de las Juntas Vecinales, no conozco que haya... -y a lo mejor es también una carencia por mi parte- no conozco una línea de ayuda establecida para la financiación de esto que aquí pedimos, y que es similar a lo que pedimos para los Ayuntamientos.

Por lo tanto, yo les estaba trasladando la realidad de aquellos Ayuntamientos y de aquellas Juntas Vecinales que no tienen ningún interés en que se clarifique la situación de su patrimonio, porque muy poquitas personas, con intereses muy concretos, están siendo beneficiarios de ese desconocimiento público que existe de los bienes que pertenecen a ese Ayuntamiento y a esa Junta Vecinal. Y simplemente les digo que el transcurso del tiempo va a agravar la situación, porque se pierde la memoria, porque se pierden los registros, porque se pierden los deslindes y que, por lo tanto, lo que es hoy todavía patrimonio público, esta actitud de que se acoja quien quiera a una línea de ayudas, sin que desde el Gobierno Regional podamos legislar -y tenemos competencias para ello ¿eh?, tenemos plenas competencias en materia de régimen local-, para, desde el Gobierno Regional, incluso hasta crear un organismo autónomo al que le encargáramos, al que le encargáramos la custodia, al que le encargáramos la investigación, al que le encargáramos el deslinde del patrimonio público de las Corporaciones Locales de Castilla y León.

Eso es lo que les estaba diciendo. Porque -le insisto- a esa línea de ayudas acuden aquellos que tienen buena voluntad e interés en que su patrimonio esté debidamente registrado y clarificado. Y a esa línea de ayudas también acuden, también acuden aquellos Ayuntamientos que tienen Alcalde funcionando. Y desgraciadamente en Castilla y León tenemos docenas de Ayuntamientos en los cuales la propia asistencia del mismo es una entelequia, y de las Juntas Vecinales no les quiero ni oír hablar.

Por lo tanto, pues ajustaremos insistiremos en esta materia. Si somos capaces de hacer una cosa conjunta, pues yo les animaría a que echaran una mano también, porque, desde luego, si no quieren ustedes asumir que va a caer sobre nosotros la responsabilidad de que en Castilla y León se pierda patrimonio público a centenares de hectáreas con el transcurso de muy poquito tiempo, pues realmente creo que no estaríamos prestando el servicio que debemos a la Comunidad Autónoma. Se empeñan en rechazar las dos iniciativas, bien, en fin, hagan algo para corregir una situación que, a todas luces, yo creo que no es deseable.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR RODRÍGUEZ DE LA FUENTE):

Gracias. Concluido el debate, procedemos a someter a votación la Proposición No de Ley. Primero vamos a hacer la votación de la número 2, y a continuación, la número 3... Sí, perdón, es la Proposición No de Ley... la 446, ¿Votos a favor? ¿Votos en contra?

Votos emitidos: diecisiete. Votos a favor: siete. Votos en contra: diez. Por tanto, queda rechazada la Proposición No de Ley 446.

Sometemos a votación, a continuación, la Proposición No de Ley 447. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra?

El resultado de la votación es el siguiente, Votos emitidos: diecisiete. Votos a favor: siete. Votos en contra: diez. Por tanto, queda rechazada la Proposición No de Ley 447.

Por el señor Secretario se dará lectura al cuarto punto del Orden del Día.

EL SEÑOR SECRETARIO (SEÑOR YÁÑEZ RODRÍGUEZ):

"Proposición No de Ley 468, presentada por los Procuradores don Joaquín Otero Pereira, don José María Rodríguez de Francisco y doña Daniela Fernández González, relativa a gestiones ante el Ministerio del Interior para la apertura de una Comisaría de Policía Nacional en San Andrés del Rabanedo, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, número ciento diecinueve, de quince de febrero del dos mil uno".

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR RODRÍGUEZ DE LA FUENTE):

Para la presentación de la Proposición No de Ley, tiene la palabra doña Daniela Fernández.

LA SEÑORA FERNÁNDEZ GONZÁLEZ:

Gracias, señor Presidente. La Proposición No de Ley que trae la Unión del Pueblo Leonés es conocida y ya muy manida, incluso, que es la solicitud para que se hagan las gestiones oportunas ante el Ministerio para la creación de una Comisaría de Policía en San Andrés del Rabanedo.

San Andrés del Rabanedo es un Ayuntamiento que yo creo que es el único de la Autonomía que crece en población; ahora mismo está en unos treinta mil habitantes. En su día tuvo Guardia Civil, pero también... o sea, desapareció el cuartel, y ahora se da la curiosa realidad de que parte del Ayuntamiento, parte del término municipal depende de la Policía Nacional de León capital, cuando hay algún problema, y la otra parte, de la Guardia Civil de Armunia, que es un barrio de León, pero que... o sea, está al otro extremo. O sea, no... pero depende así. Y luego tiene, claro está, la Policía Local. Y la inseguridad ciudadana, pues, como en todas partes, es grande, y más con una población grande y joven.

El deseo de que se haga esta comisaría es unánime, y así lo demuestra que en Pleno lo aprobaran los tres Grupos: Partido Popular, Partido Socialista y Unión del Pueblo Leonés. Y fue recientemente... aún era Portavoz don Jaime Lobo, actualmente Subdelegado del Gobierno, era el Portavoz municipal en San Andrés de Rabanedo, y, como digo, se aprobó en Pleno. La necesidad creemos que es perentoria y, además, nunca más claro mandato de los representantes del pueblo.

Por lo tanto, solicitamos a las Cortes que insten a la Junta para que haga las gestiones oportunas ante el Ministerio del Interior y, asimismo, promover la colaboración de las instituciones que tienen que ver en el problema, es decir, Ministerio, Ayuntamiento, Junta, etcétera. Esperamos que sea entendido y que se acepte. Gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR RODRÍGUEZ DE LA FUENTE):

Gracias. ¿Algún Grupo quiere consumir un turno en contra? Para fijación de posiciones, tiene la palabra, por el Partido... por el Grupo Socialista, don José María Crespo.

EL SEÑOR CRESPO LORENZO:

Sí, muchas gracias, señor Presidente. Para decir que apoyamos la iniciativa de la Unión del Pueblo Leonés. Esta es una vieja aspiración del Alcalde de San Andrés del Rabanedo y una vieja aspiración del conjunto de la Corporación que ha adoptado acuerdos al respecto. Ya en su día el Grupo Parlamentario Socialista, desde mil novecientos noventa y tres, pues presentó una Enmienda a los Presupuestos Generales del Estado, y el Portavoz del Grupo Socialista en la Comisión de Interior de las Cortes Generales ha presentado, con fecha veintidós de marzo -que no se ha debido debatir hasta la fecha, por la información que tenemos-, una iniciativa para que, directamente, al Gobierno de la Nación le pidamos que haga lo que tiene que hacer. En cualquier caso, si la Junta de Castilla y León, pues, tiene sensibilidad y se presta a apoyar una iniciativa sentida por el Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo, pues, seguramente, su empuje será importante; y espero que con más fortuna que el empuje que tuvieron para los programas URBAN. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR RODRÍGUEZ DE LA FUENTE):

Gracias. Por parte del Partido Popular, para fijación de posiciones, tiene la palabra don Jesús de Castro.

EL SEÑOR DE CASTRO GIL:

Sí, gracias, Presidente. Señorías, anunciamos que nuestro Grupo va a votar en contra de esta Proposición No de Ley. Que esta Proposición No de Ley tiene dos apartados, está compuesta de dos apartados: en un primero solicita que la Junta haga las gestiones oportunas ante el Ministerio del Interior y, en un segundo apartado, que... para la búsqueda de una estrecha colaboración entre el Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo, la Junta de Castilla y León y el Ministerio del Interior.

Le voy a dar argumentos a estos dos apartados que justifican nuestro voto en contra.

Como bien sabe Su Señoría, y así se refleja en el propio contexto de la propuesta, esta cuestión no es una competencia de la Junta de Castilla y León; la instalación de comisarías no es competencia de la Junta de Castilla y León. La Junta de Castilla y León no propone ni ésta, ni ninguna otra. Y ni que decir tiene que la Junta de Castilla y León en materia de seguridad tiene solamente competencia para la vigilancia y protección de sus edificios, instalaciones y coordinación de la Policía Local.

Este motivo ya sería suficiente para justificar nuestro voto en contra. Pero es que, además, no se dan en San Andrés unas circunstancias especiales con respecto a otras localidades u a otras poblaciones de Castilla y León de similares características que conlleven para que allí se instale una comisaría, sino todo lo contrario. Como bien decía usted en su intervención, es decir, San Andrés del Rabanedo es una localidad que está prácticamente unida a León, físicamente, prácticamente unida a León; no hay, ni siquiera, en muchos de sus núcleos, de San Andrés del Rabanedo, ni siquiera solución de continuidad entre León y San Andrés del Rabanedo y, por lo tanto, la Policía Nacional actúa en León y actúa en San Andrés del Rabanedo.

Por otro lado, por otro lado, como también bien decía, es decir, el Cuartel de la Guardia Civil en el que está inscrito San Andrés del Rabanedo o en la que pertenece San Andrés del Rabanedo está en el barrio de La Armuña, que está solamente a tres kilómetros de San Andrés del Rabanedo. Hay muchos pueblos que pertenecen a una Comandancia de la Guardia Civil y están a mucha más distancia.

Por lo tanto, decir que las Fuerzas de Seguridad del Estado están presentes en dicha localidad. Es decir, además, además en lo que se refiere a la Policía Local, con treinta y tres plazas de Policía Local... es decir, se cumple la ratio que marca la normativa marco de 1,4 policías locales en poblaciones de más de mil habitantes. Por lo tanto, ni es competente la Junta, ni tampoco se dan las circunstancias para que allí se den una... se instale una policía... una comisaría de policía.

Tengo datos suficientes que indican que León es una de las poblaciones con el menor índice de delincuencia de Castilla y León, uno de los menores, y San Andrés del Rabanedo también. Es decir, y el hecho... esta presencia de la que decía, de la Policía Nacional, de la Guardia Civil y de la Policía Local han hecho que se hayan reducido las denuncias en un año, del año pasado, en más del 50%, pasando de cinco denuncias diarias a dos denuncias en la actualidad. Eso en cuanto a la primera parte.

En cuanto a la segunda parte de la Proposición No de Ley, en lo que se refiere a una búsqueda de estrecha colaboración, decirle que la disposición de la Consejería de Presidencia de la Junta de Castilla y León en colaborar con este Ayuntamiento es total; es total, pero ni es más ni es menos que en relación con otras poblaciones de Castilla y León de las mismas características. Es decir, la disposición de la Consejería en materia de seguridad ciudadana en poblaciones de más de veinte mil habitantes es la misma y es total en toda España.

En este tramo coincidirá conmigo en que esta estrecha colaboración en materia de seguridad ciudadana no se debe limitar a San Andrés del Rabanedo, sino a todas las poblaciones de similares características. Y, por citarle alguna prueba de esta colaboración existente entre la Consejería de Presidencia y de Administraciones Públicas con el Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo, le podría recordar que en la Orden de concesión de ayudas para equipamientos de policías locales, de cinco de julio, se le concedió una subvención al Ayuntamiento de 400.000 pesetas; una de las más altas, sólo superada por la que recibieron los municipios... perdón, las capitales de provincia. Tres días después, el ocho de julio, se le volvió a conceder otra subvención de otras 620.000 pesetas. Y en la Orden de veintidós de noviembre del dos mil se le concedió una subvención, la más alta que se concedió, de 490.000 pesetas. Igual que la que se concedió a todas las capitales de provincia, igual que las que se concedió a Salamanca, a León, a todas las capitales de provincia. Y es más, con un gasto que en el caso de San Andrés del Rabanedo era de 3.000.000 y, por ejemplo, en el caso de Salamanca era de 9.000.000; y, sin embargo, se le concedió una subvención. Por todo esto, nuestro Grupo va a votar en contra de esa Proposición No de Ley.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR RODRÍGUEZ DE LA FUENTE):

Gracias. Para cerrar el debate, tiene la palabra doña Daniela Fernández.

LA SEÑORA FERNÁNDEZ GONZÁLEZ:

Pues que lo siento mucho, señor Portavoz, porque no entiendo la política que ustedes hacen a nivel municipal. O sea, si el municipio de San Andrés ve esa necesidad, empezando por su Grupo Parlamentario, y luego aquí, entre otras cosas, no se ve la necesidad, no lo entiendo. Y le voy a decir una cosa: en el programa electoral del Partido Popular iba la creación de la Comisaría de San Andrés del Rabanedo. Una vez más me dan la razón de que los programas sólo valen para embaucar, no para trabajar. Y cuando ustedes hablan de proyectos, no sé cuáles serán, pero, desde luego, nunca coinciden con lo que ustedes prometen en su programa. ¿Que no tiene competencias la Junta para realizar la Comisaría? Ya lo sabemos. Tampoco el Cuartel de la Guardia Civil y lo aprobaron.

Pedimos que insten al Gobierno, que insten al Ministerio para que vea la necesidad del Ayuntamiento y se construya la comisaría. Por supuesto, con... es el Ministerio el que lo tiene que construir. Pero ¿qué tiene que ver eso? También el Cuartel de la Guardia Civil de La Bañeza y, sin embargo, fue aquí aprobado. ¿Qué tiene que ver?

O sea, para las mismas cosas utilizan distintos argumentos. No, Señoría, miren, quedaban ustedes muy bien porque instan al Gobierno, y el Gobierno será el culpable si no lo hace. Pero, claro, sin el permiso y beneplácito del Gobierno, y como no se lo han consultado, pues vamos a votar que no, por si acaso.

Explíquele a sus Concejales, a los Concejales del Partido Popular... Que, por cierto, claro, ahora me explico, por qué en lugar de subir, con un número uno de esa talla política, bajaron cinco escaños; ahora me lo explico. Si aquí dicen una cosa, allí dicen otra, y no se traduce en hechos, la ciudadanía se cansa. Y eso que gobernó durante muchos años. Por eso quizá, por eso, porque les conocen. Sólo le estamos pidiendo que inste al Ministerio, no que la haga. Ya sabemos que no la puede hacer, primer punto; luego no es razón. Y no es razón aunque sólo sea, no por lo que yo le he expuesto, sino porque hacer un cuartel es de la misma competencia o parecida, y, sin embargo, lo aprobaron. Por lo tanto, mire, invéntese otra cosa.

Y, segundo punto, que tuvo subvenciones. Bien. Si yo no le digo que no haya tenido subvenciones la Policía Local. Y, después de todo, Armunia -no Almunia, Armunia, Armunia-, quizás... del límite de la raya del Ayuntamiento de San Andrés, sí depende... sí está a tres kilómetros, pero es que el Ayuntamiento de San Andrés es muy grande. Y, por ejemplo, el barrio de Pinilla y toda esa zona que está en León, sin embargo, pertenece a San Andrés del Rabanedo, lo lleva la Policía Nacional; y la otra parte del pueblo, la otra parte del término municipal lo lleva la Guardia Civil.

Y, mire, no le dé vueltas, la seguridad ciudadana en León quizá sea mayor que la que pueda haber, pues, no lo sé, en San Sebastián, desde luego, por ejemplo, pero eso no tiene nada que ver para que tenga una necesidad de una comisaría. Ahora, que ustedes no quieren aprobarlo, pues están en su... no digo en su derecho, en su obligación de obedecer, sí. Pero, vamos, no me venga con que no es obligación de la Junta, ni que no tiene nada que ver.

O sea que cuando el estado de esta Autonomía, cualquier provincia de esta Autonomía quiera algo del Ministerio, ¡ah!, la Junta no tiene nada que hacer. No, hombre, ustedes tienen la obligación de pedir al Ministerio... a los diferentes Ministerios que se suplan, que se hagan cosas para terminar con las necesidades del territorio de toda la Autonomía. O sea que no... esas excusas, claro, como no encontraron otras, alguna había que decir; pero con esas van a quedar ustedes muy mal, quedan muy mal. Allá ustedes. Gracias, señor Presidente, y gracias al Partido Socialista por apoyar.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR RODRÍGUEZ DE LA FUENTE):

Muchísimas gracias. Cerrado el debate, sometemos la Proposición No de Ley a votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra?

El resultado de la votación es el siguiente. Votos emitidos: diecisiete. Votos a favor: siete. Votos en contra: diez. Por tanto, queda rechazada la Proposición No de Ley debatida.

Señorías, no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión. Buenas tardes.

(Se levanta la sesión a las dieciocho horas veinticinco minutos.)